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Equidad Social

Se menciona la equidad social como la igualdad de derechos y la distribución del ingreso y la riqueza.

Solidaridad

La solidaridad se presenta como un pilar central para la construcción del presente y futuro de la sociedad, donde se destaca la importancia del acompañamiento de la sociedad y del Estado a lo largo de toda la vida de las personas. Se subraya que el bienestar de todos está relacionado con el bienestar de cada uno.

Reformas en Gobiernos Frenteamplistas

Se menciona que durante los gobiernos frenteamplistas se llevaron a cabo reformas estructurales y un aumento en el gasto público social, lo que contribuyó a reducir la pobreza de manera significativa.

Retroceso en Gobiernos de Derecha

En contraposición, se señala que en los últimos años de gobierno de la coalición de derecha, se ha producido un retroceso, con un aumento de la pobreza, especialmente entre mujeres y niños.

Coordinación de Políticas Públicas

Se resalta la necesidad de mejorar la coordinación y articulación de las políticas públicas, impulsando el trabajo territorial y la asignación de recursos a nivel local.

Fortalecimiento de Políticas Sociales

Se plantea la necesidad de fortalecer las políticas sociales que abordan las situaciones de mayor vulneración, evitando superposiciones programáticas y garantizando el acceso a los recursos estatales.

Desigualdad de Género y Discriminación

Se menciona la persistente desigualdad de género y los obstáculos que enfrentan las personas con discapacidad. Se enfatiza la importancia de políticas interseccionales y basadas en los derechos humanos.

Perspectiva de Curso de Vida

Se destaca la importancia de la perspectiva de curso de vida en la concepción del bienestar, con énfasis en la protección social integral para infancias, adolescencias, juventudes y personas adultas mayores.

Acciones Prioritarias

1. Estrategia integral de apoyo a infancias y adolescencias: Se impulsará una estrategia integral de apoyo a infancias y adolescencias con la finalidad de que ningún niño ni niña transite etapas fundamentales de su desarrollo en hogares con carencias críticas.
2. Superación de la pobreza y la exclusión social: Como fuerza política de izquierda, el objetivo continúa siendo la superación de la pobreza y la exclusión social como fenómenos estructurales. Se mejorará la distribución del ingreso y la riqueza en base a criterios de equidad y justicia social.
3. Mejora de la calidad de vida de personas mayores: Se pondrá énfasis en mejorar el funcionamiento de la salud, la educación y los cuidados, con el objetivo de contribuir al desarrollo inclusivo.
4. Expansión de bienes y servicios públicos fundamentales: Se priorizará la expansión de los bienes y servicios públicos fundamentales para el bienestar y la integración social.
5. Políticas focalizadas para personas con discapacidad: Se promoverán políticas focalizadas que permitan alcanzar niveles suficientes de desarrollo personal y social para personas con discapacidad.
6. Jerarquización de programas sociales de empleo: Se jerarquizará el rol que tienen los programas sociales de empleo y se revisarán las condiciones en las que se desarrollan.
7. Ampliación de la cobertura de la seguridad social: Se buscará ampliar la cobertura de la seguridad social, atendiendo a las necesidades de trabajadores independientes y otras formas de relación laboral.
8. Estrategia de inserción económica internacional: Se implementará una estrategia de inserción comercial internacional que promueva la diversificación de los sectores de la economía nacional y busque nuevos mercados y acuerdos comerciales.
9. Macroeconomía para el desarrollo: Se buscará articular el mantenimiento de los equilibrios y la estabilidad de precios con la promoción de capacidades competitivas y el crecimiento sostenible.
10. Cooperativismo y economía social y solidaria: Se promoverá el cooperativismo y otras formas de economía social y solidaria sostenible en sectores con potencial de desarrollo.
11. Apoyo a micro y pequeñas empresas: Se impulsarán cambios en los regímenes de registro y tributación para facilitar la formalización y el acceso al financiamiento de las micro y pequeñas empresas.
12. Estímulos para consolidar empresas existentes y emprendimientos tecnológicos: Se desarrollarán estímulos para consolidar empresas existentes y promover emprendimientos tecnológicos y alianzas estratégicas entre el sector público y privado.
13. Política fiscal y tributaria: Se enfatizará la importancia de una política fiscal y tributaria fuerte que respalde las políticas productivas, sociales y ambientales.

Cuidados como un derecho humano

Uruguay dio pasos contundentes en completar su matriz de bienestar social sumando el pilar de los cuidados a los ya existentes de salud, educación y seguridad social. Con la Ley de creación del Sistema Nacional Integrado de Cuidados (SNIC) promulgada el año 2015 se reconoce expresamente el derecho de cuidar y ser cuidado en condiciones de calidad e igualdad, propiciando un modelo corresponsable de cuidados desde el punto de vista social y de género. Por esto, es necesario fortalecer el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, garantizando la intersectorialidad como característica intrínseca de la política de cuidados.

Los desafíos fundamentales para el próximo quinquenio son: incorporar servicios ya existentes al sistema, avanzar en la creación de nuevos servicios, expandir políticas de tiempo y de transferencias, profundizar las trayectorias de formación y especialización, propiciar la regulación laboral de las personas ocupadas en el sector de los cuidados, profundizar acciones entorno al cambio cultural, los procesos de participación y descentralización y diseñar un modelo de financiamiento solidario que permita la sustentabilidad del sistema.

Acciones prioritarias:

1. Aumentar la cobertura de cuidado con calidad. Los cuidados son por definición interpersonales a lo largo de toda la vida, si bien para el desarrollo de política pública hay que ir acotando las personas destinatarias de las prestaciones o servicios, priorizando la atención en aquellos grupos de personas que requieren mayores niveles de apoyo, asistencia y cuidados. El objetivo es continuar aumentando la cobertura con calidad permitiendo que la mayor cantidad de personas que requieran estos servicios tengan posibilidades de acceso. Esto requerirá la construcción de nuevos centros, la ampliación de otros y la generación de nuevas modalidades de atención.
2. Desarrollar la formación y profesionalización de las personas que trabajan en el sector cuidados, a través de la ampliación de la oferta, su incentivo y regulación. Además de ser obligatoria para quienes ejercen la función, deberá otorgar beneficios claros para quien la realiza. Esto implica que la trayectoria formativa tenga su correlato en la trayectoria laboral de quien se forma.
3. Avanzar en el componente de regulación de los cuidados. Por un lado, de las condiciones laborales para el cuidado remunerado, por otro lado, de las políticas de tiempo. Se profundizará en materia de licencias y permisos en al menos dos sentidos: ampliación de derechos, incorporando paulatinamente licencias y permisos para el cuidado de personas en situación de dependencia y la modificación de los esquemas de licencias y permisos para el cuidado de niños y niñas, desde un enfoque de igualdad de género. Siguiendo la experiencia internacional se establecerán licencias exclusivas para varones como mecanismos para propiciar la corresponsabilidad de género en los cuidados. Y por último, se avanzará en la calidad de los servicios para asegurar los principios consagrados en la ley de creación del Sistema Nacional Integrado de Cuidados universalidad, progresividad, calidad, promoción de la autonomía, corresponsabilidad y solidaridad en el financiamiento; de manera que se promueva, incentive y viabilice su implementación.
4. Diseñar un modelo de financiamiento que asegure la sustentabilidad de la política de Cuidados. El actual esquema de financiamiento pone una fuerte restricción al futuro despliegue del SNIC, en particular a la progresiva universalización de los cuidados de larga duración.
5. Consolidar la dirección interinstitucional del Sistema de Cuidados y restituir el funcionamiento de la Junta de Cuidados, a la vez que se separará la institucionalidad de cuidados y discapacidad, fortaleciendo ambas áreas.

Infancias, adolescencias y juventudes

Niños, niñas y adolescentes deben ser una prioridad nacional. Como sujetos de derechos deben tener el respaldo político, económico, social, cultural del Estado, cualquiera sea su clase social, su ascendencia étnico racial, su identidad sexual, el país de origen o el territorio en donde viva. En Uruguay hay aproximadamente 800.000 niños, niñas y adolescentes, y el crecimiento de la pobreza infantil aparece como uno de los aspectos más significativos que afecta a cerca de un 20% de ellos.

Su situación actual, está directamente relacionada con la situación general del país por eso insistimos en que deben contar con una vivienda digna, alimentación, atención asegurada a la salud, acceso a la educación y cuidados, a la recreación y la cultura. Partimos de este enfoque de Derechos para avanzar en Políticas Sociales diseñadas en una Estrategia Nacional para las Infancias y Adolescencias que garanticen la vigencia de los mismos y respondan a las situaciones de vulneración, con una inversión sostenida para el pleno cumplimiento de los derechos.

Acciones prioritarias:

1. Implementar acciones tendientes a lograr la eliminación de la extrema pobreza infantil.
2. Reducir de manera significativa la pobreza infantil en el quinquenio, con planes e inversiones sostenidas que nos permitan generar las condiciones para que ninguna niña, niño y adolescente viva en situación de pobreza.
3. Impulsar la cobertura universal y la diversificación de la atención en Primera Infancia en 1 y 2 años, con propuestas flexibles y adaptadas a la diversidad de familias y los diferentes territorios. Asimismo, se ampliará y diversificará la oferta pública de cuidados para niños y niñas de 3 años.
4. Mejorar la atención integral a las Infancias, complementando con propuestas socioeducativas, deportivas y culturales. Se impulsará la formación de equipos interdisciplinarios que estrechen la relación, particularmente entre el sistema educativo y de salud.
5. Priorizar la atención a las adolescencias con equipos territoriales y propuestas integrales que apoyen la reducción de las brechas educativas, facilitando el acceso a la educación y salud sexual y reproductiva y a la salud mental. Propiciar la participación y la transformación de los espacios por los que transitan, teniendo especial atención al cuidado de las diferentes expresiones culturales.
6. Garantizar la seguridad alimentaria priorizando las infancias, adolescencias y juventudes.
7. Reformar y fortalecer las políticas del sistema penal juvenil en el marco de la defensa de los derechos humanos, promoviendo la justicia restaurativa y todas las acciones que se orienten a la inclusión social de los y las adolescentes en conflicto con la ley.
8. Avanzar en la elaboración de una ley que proponga propuestas integrales para quienes vivan en el sistema de protección de 24 horas en el marco de la defensa a vivir en familia. Será necesario articular con las redes territoriales que faciliten el ingreso y egreso en el sistema educativo, social y laboral.
9. Combatir todas las formas de violencia hacia las niñas, niños y adolescentes. En ese sentido, revisar el marco normativo que permita desarrollar protocolos de detección y atención, rápidos y eficientes. Nos comprometemos a combatir toda forma de explotación sexual y trata.

La educación como un derecho humano para todas las personas, durante toda la vida

La educación es un derecho humano fundamental que debe estar disponible a lo largo de toda la vida. Buscamos una educación que fomente el desarrollo pleno de las personas y promueva la integración en la sociedad. El Estado debe garantizar el acceso universal a la educación y seguir principios como democracia, justicia social, participación, laicidad, y gratuidad. El Estado es el garante del derecho a la educación y el Sistema Nacional de Educación Pública coordina los niveles educativos para promover la igualdad de derechos. La participación social es esencial en la construcción colectiva de la educación. La educación busca mejorar la enseñanza y el aprendizaje a través de la interdisciplinariedad y el trabajo en equipo. Los desafíos incluyen garantizar el acceso a la educación desde la primera infancia hasta la formación terciaria y combatir la desigualdad.

Acciones prioritarias:

1. Consolidar el rol del Estado como garante del ejercicio del derecho a la educación para todas las personas durante toda la vida, avanzando en la democratización del acceso, la producción y la circulación de la cultura y del conocimiento desde una perspectiva de equidad.
2. Desde el sistema educativo público, priorizar una amplia coordinación interinstitucional para asegurar oportunidades de formaciones durante toda la vida orientadas a favorecer el trabajo, la inserción social y la calidad de vida de todas las personas, atendiendo las diversidades territoriales.
3. Fortalecer el Sistema Nacional de Educación Pública como ámbito fundamental de coordinación planificada y sostenida entre los ámbitos educativos, atendiendo a las diversidades territoriales, en diálogo con los procesos de producción cultural, con ampliación de cobertura y del tiempo pedagógico.
4. Articular el Sistema Nacional de Educación Pública con el conjunto de políticas públicas destinadas a las infancias, adolescencias, juventudes y a sus familias, con énfasis en la protección, los cuidados y la educación en la Primera Infancia y los programas sociales que contribuyan en avanzar hacia el egreso oportuno y universal de la enseñanza media superior.
5. Diseñar e implementar una Estrategia Nacional de Educación que responda a acuerdos sociales e interpartidarios amplios para garantizar la continuidad en el mediano y largo plazo, aportando a la construcción de una ciudadanía crítica, diversa, plural y participativa.
6. Promover en los ámbitos educativos la participación como eje rector y estratégico en la profundización de la democracia, en la construcción y práctica de ciudadanía.
7. Convocar al Congreso Nacional de Educación por ser el ámbito donde los diferentes actores de la sociedad debaten en torno a la construcción y transformación del sistema de educación.
8. Avanzar en la universalización de la educación, con un presupuesto acorde a las necesidades de la población.
9. Asegurar la integralidad en la atención, cuidados y educación en la primera infancia, infancia y adolescencia, incluyendo a la población en situación de discapacidad.
10. Trabajar para consolidar mecanismos de protección de las trayectorias educativas que permitan ampliar progresivamente el egreso oportuno en cada uno de los niveles educativos.

Democracia paritaria: reconocimiento y ejercicio de derechos políticos

Uruguay es un país con democracia plena, pero la escasa presencia de mujeres en cargos de representación política y en las jerarquías institucionales deja en evidencia la persistencia de un sistema político-institucional condicionado por fuertes matrices conservadoras y patriarcales.

Acciones prioritarias

• Paridad en todos los cargos de representación política: Impulsar la ley de Paridad para garantizar que la mitad de los cargos de representación política en todos los niveles de gobierno sean ocupados por mujeres y la otra mitad por hombres.
• Paridad en los tres niveles de gobierno: Proponer la integración paritaria en los tres niveles de gobierno (nacional, departamental y municipal), incluyendo la fórmula presidencial e integración de los gabinetes.
• Transformación cultural: Adoptar medidas para promover la paridad en la participación social y política, con valores de respeto a las diversidades y combate a los estereotipos de género.
• Prevención y combate a la violencia política: Adoptar medidas para prevenir y combatir la violencia política dirigida contra las mujeres y disidencias sexo-genéricas.
• Formación política: Impulsar programas de formación política destinados a jóvenes mujeres, a mujeres afro-uruguayas y a personas con identidad de género disidentes.
• Reparación a las víctimas del terrorismo de Estado: Adoptar medidas de reparación para las mujeres víctimas de torturas y violaciones durante el terrorismo de Estado.

• Estrategias para empoderar económicamente a las mujeres

Feminización y sesgos raciales de la pobreza y discriminaciones múltiples

La pobreza de las mujeres y personas disidentes en Uruguay se debe a la feminización del trabajo doméstico y de cuidados, la discriminación en el mercado laboral, y la violencia de género.
La pobreza infantil y adolescente está estrechamente vinculada a la pobreza de mujeres jóvenes sin ingresos propios.

Acciones Prioritarias:

• Visibilizar las situaciones de exclusión y discriminación.
• Garantizar un ingreso básico a las mujeres en pobreza.
• Adecuar políticas sociales a las necesidades de las poblaciones específicas.
• Implementar estrategias de inserción laboral.
• Políticas territoriales inclusivas.

Educación y construcción cultural inclusivas y transformadoras de los roles y estereotipos discriminatorios

Para lograr la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres es necesario superar los patrones socioculturales discriminatorios, especialmente los que se manifiestan en la educación. La desvinculación temprana del sistema educativo formal y la segregación educativa son dos problemáticas que preocupan particularmente.

Acciones Prioritarias:

• Espacios institucionales inclusivos.
• Acceso, permanencia y culminación de los ciclos educativos.
• Currículos antirracistas e igualitarios.
• Educación Sexual Integral.
• Políticas educativas activas para niñas y mujeres.
• Formación continua y desarrollo digital para mujeres.
• Reconocimiento cultural de las diversidades.
• Perspectiva de género en todos los ámbitos.
• Acceso a la vida cultural en condiciones de igualdad.

Plan Estratégico Nacional para la Igualdad de Género

Se plantea una estrategia integral para el combate a la violencia racial y de género

Acciones Prioritarias:

• Declarar Emergencia Nacional a todo tipo de violencia y activar todos los mecanismos de políticas públicas para incrementar la atención a las situaciones de emergencia.
• Garantizar el cumplimiento cabal de las leyes existentes, dotando de presupuesto, equipos técnicos especializados e infraestructura a las instituciones públicas competentes.
• Fortalecer las instituciones públicas que combaten la violencia de género y racial, y el acceso a la justicia.
• Promover una cultura basada en el respeto, la solidaridad y la paz.

Estas acciones están dirigidas a promover cambios culturales profundos que permitan superar la violencia de género y racial, y garantizar la igualdad de oportunidades para todas las personas.

Salud integral de las mujeres

Estado debe garantizar el derecho humano a la salud desde una perspectiva de género. Para ello, es necesario realizar cambios en el modelo de atención a la salud a nivel operativo, estratégico y político.

Acciones Prioritarias

• Garantizar el acceso a servicios de salud de calidad, accesibles y equitativos para mujeres y personas con diversas identidades sexo-genéricas.
• Promover la formación en género y diversidad sexual del personal de salud.
• Promover estilos de vida saludables.
• Garantizar una salud sexual y reproductiva integral, incluyendo el acceso a anticonceptivos, técnicas de reproducción asistida y atención a personas trans.
• Prevenir el embarazo adolescente no intencional.
• Promover la educación sexual integral.
• Garantizar el acceso a servicios de salud mental con perspectiva de género.
• Sensibilizar a los equipos de salud para la detección temprana de violencia de género.

Políticas de Cuidados basada en la corresponsabilidad social y de género

Las políticas de cuidados deben garantizar el derecho de ser cuidado de todas las personas, independientemente de su edad, género o condición social. Para ello, deben promover la corresponsabilidad social y de género en el trabajo de cuidados, y reconocer el trabajo remunerado de cuidados como una actividad laboral valiosa.

Acciones Prioritarias

• Promover la corresponsabilidad social y de género en el trabajo de cuidado.
• Visibilizar el valor económico del trabajo no remunerado.
• Avanzar hacia la cobertura universal de los servicios de cuidados.
• Desarrollar programas de formación y profesionalización para el personal de cuidados.
• Regular las condiciones laborales para el cuidado remunerado.
• Fortalecer la autonomía de las mujeres adultas mayores.
• Ampliar los derechos de cuidado para personas dependientes y niñas y niños.
• Garantizar la calidad de los servicios de cuidados.
• Diseñar un modelo de financiamiento sustentable para el sistema de cuidados.

Las políticas de bienestar social

Deben ser universales, de calidad e integrales, y deben incorporar el enfoque de género y la acción intersectorial.

Acciones prioritarias:

• Fortalecer el Sistema Nacional de Género y el Consejo Nacional de Género.
• Otorgar al Instituto Nacional de las Mujeres el rango jerárquico acorde con sus responsabilidades.
• Garantizar servicios públicos de calidad en todas las áreas del Estado.
• Desarrollar programas específicos dirigidos a mujeres en situación de vulnerabilidad.
• Implementar programas de formación al funcionariado público y privado.
• Diseñar un sistema de protección social y de seguridad social inclusivo para las mujeres.
• Otorgar al Instituto Nacional de las Mujeres el rango jerárquico acorde con sus responsabilidades.
• Garantizar servicios públicos de calidad en todas las áreas del Estado.

Políticas Territoriales: hacia una distribución igualitaria del bienestar

Las políticas territoriales deben garantizar el acceso equitativo a los servicios y equipamientos necesarios para el desarrollo de las mujeres y la reproducción de la vida, teniendo en cuenta las especificidades de cada territorio y las necesidades específicas de las mujeres, niñas, niños y adolescentes.

Acciones prioritarias:

• Asegurar el acceso a los equipamientos y servicios, identificando las necesidades específicas de las mujeres, niñas, niños y adolescentes.
• Propiciar la movilidad activa, individual y colectiva, a partir de una re-jerarquización del espacio público.
• Promover políticas de vivienda en territorios que cuenten con servicios urbanos básicos y garanticen la accesibilidad a los centros de salud, educación, recreación y consumo cotidiano, entre otros.
• Adecuar los programas de vivienda a los cambios en la composición de los hogares y sus necesidades de cuidados.
• Promover programas de vivienda y cohabitación para las mujeres con cargas de cuidado que habitan áreas de hábitat precarios.
• Reforzar las medidas de promoción del cooperativismo de vivienda, atendiendo especialmente la sostenibilidad para las mujeres en situación de violencia intra-familiar.
• Promover la universalización de la titularidad compartida en el sistema público de vivienda y en el sistema cooperativo.
• Ampliar la disponibilidad de casas de estadía transitoria para la protección frente a situaciones de violencia de género.
• Implementar una política de subsidios transitorios para cubrir los costos del mantenimiento de la vivienda en casos de exclusión del agresor.

• Estrategias para el desarrollo territorial del país.

• Importancia de la transformación productiva y ambiental en el territorio.